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Qué está pasando

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En España cada año se producen una media de 150.000 procesos de divorcio, 300 cada día,  más de 80.000 menores se ven afectados por esta situación. En una reciente encuesta de la Universidad Autónoma de Madrid, un 32% de menores se sentían maltratados por los adultos. Las estadísticas oficiales, además, demuestran que estas cifras van en aumento. Pero no nos podemos quedar ahí, puesto que ¿cuántas familias se ven afectadas sin haber pasado por la Iglesia, el juzgado o habiéndose separado de mutuo acuerdo?

El divorcio es, pues, cada vez más frecuente en la sociedad actual, pero este hecho no atenúa las consecuencias que acarrea, que en ocasiones se muestran en toda su crudeza cuando la pareja se encuentra sumida ya en el enfrentamiento judicial.

La normativa legal que regula el divorcio con hijos tiene en cuenta la protección del menor, pero desafortunadamente ésta no resulta tan sencilla, ya que en la práctica los mayores intereses en el momento de tomar este tipo de decisiones son, por este orden: pensiones alimenticias, vivienda y los hijos en último lugar.

El problema no surge por el hecho de que los padres, responsable y libremente, decidan poner fin a su vida en común, sino cuando implican de forma activa a sus hijos en los conflictos que generan la ruptura de esa relación. Así, obligan a los menores a estar inmersos en problemas de adultos y, en un alto porcentaje de ocasiones, a tomar partido por uno de ellos.

Los menores que se encuentran en esta situación se enfrentan a consecuencias muy negativas e inmediatas en su desarrollo psicoevolutivo, como son: sentimientos de abandono, rechazo, desconfianza, rencor o inseguridad que dejan graves secuelas en la edad adulta en forma de depresiones, trastornos de personalidad, frustración, suicidios, etc. En el mejor de los casos aprenderán que la manipulación, la coacción, la mentira y la violencia forman una parte legítima de las relaciones interpersonales, lo que puede convertirles a la larga en adultos maltratadores hacia sus familias, parejas e hijos propios, o adultos con carencias al ejercer su propia autoridad.

Los equipos Psicosociales de los Juzgados y de los Servicios Sociales advierten de los indicadores de triangulación de menores en conflicto parental (es decir, cuando uno o ambos padres no superan el duelo de separación y hacen partícipes a sus hijos de los problemas de pareja que han forzado su ruptura) como forma de maltrato y desprotección.

A pesar del incremento de afectados, los recursos de estos equipos están limitados, lo que da lugar, en la mayoría de los casos, a grandes dilaciones en los procesos judiciales, que enlazan finalmente con la mayoría de edad de los menores afectados. Esto tiene como consecuencia la finalización de la intervención y la protección legal que un menor necesita y que no ha recibido desde el momento en que se detecta este problema.

Durante los largos periodos de trámites judiciales que afectan al menor se produce la pérdida total de la relación con uno de sus progenitores y por extensión de su familia, quienes en el mejor de los casos se resignan a una vida rota, limitándose a mantener la esperanza de que algún día esos hijos, tal vez ya adultos, se den cuenta de todo lo ocurrido.

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